Desde hace muchos años que el discurso oficial considera a Yucatán como el estado más seguro de la república.

Las mediciones y las encuestas solo pueden tener relevancia real y fáctica si son contrastadas con la mejora en la calidad de vida de la ciudadanía y la percepción de esta sobre las obligaciones que por ley le corresponden garantizar al estado, siendo el caso de la prevención del delito y de la impartición de justicia.

Los hechos acontecidos el día de ayer en nuestro estado nos indignan y nos llenan de una impotencia profunda que como sociedad nos mueve realizar un extenso análisis de conciencia: El cobarde asesinato de la señora Emma Gabriela Molina Canto, madre de familia yucateca que peleara durante años por la custodia de sus hijos y que tuvo que enfrentarse a la persecución policíaca y judicial de un estado al servicio de intereses particulares, era prevenible.

Es inconcebible tratar este caso como un hecho aislado cuando median en el contexto denuncias previas por violencia familiar y acoso policíaco, manifestaciones públicas y solicitudes a la autoridad de la hoy occisa y por parte de su familia.

Máxime cuando en el contexto hay señalamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil y activistas en el tema de derechos de las mujeres que piden incesantemente que en Yucatán se decrete la alerta de género, solicitud que en todo momento ha hecho caso omiso la actual administración estatal.

La historia de ayer se une al largo historial de justicia selectiva y de impunidad de un estado que ha preferido resguardarse en cifras oficiales y discursos alegres antes que atender de manera frontal temas prioritarios para la población y para las víctimas de sus negligencias.

Sucedió a plena luz del día así como suceden a diario las agresiones a derechos humanos en nuestro estado y con la misma velocidad con la que se archivan denuncias y expedientes que facilitan que los delitos se queden impunes y que las excusas de la autoridad se repliquen al por mayor.

Queremos pedirle al Gobernador del Estado Rolando Zapata Bello que realice un posicionamiento respecto de este y demás casos donde su administración le queda a deber a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad.

Que rinda cuentas sobre como la inversión millonaria en materia de seguridad está surtiendo efectos para prevenir el delito y garantizar seguridad a la población, prestando especial énfasis a grupos en situación de vulnerabilidad.

Ya basta de simulaciones y de desviar la atención a temas que son urgente resolución.

Los yucatecos queremos sentir seguridad de manera real y no aparentar que la tenemos al amparo de discursos y estadísticas.

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