Mérida, la capital de nuestro estado, cuenta con 47 comisarías.

Una de ellas es Chablekal, un pequeño poblado al norte de Mérida que cuenta con poco más de mil habitantes.

Para muchos el nombre de esta comisaría podrá significar poco o nada relevante en su vida diaria, sin embargo luego de los sucesos de violencia ocurridos la tarde del 03 de mayo del año en curso en la mencionada comunidad, bien nos podrían ayudar a contrastar el aparente clima de seguridad que vive nuestra entidad y que se encuentra impregnado en cada discurso oficial del Gobierno del Estado.

Los disturbios ocurridos en el referido lugar tienen como margen un operativo que se realizaba por parte de agentes de seguridad del estado quienes ejecutaban un desalojo que afectaba de manera directa a un adulto de edad avanzada, situación que los pobladores consideraron injusta por lo que decidieron intervenir.

La falta de diálogo y continua provocación de agentes de la SSP desencadenó una serie de sucesos donde la constante fue la violencia innecesaria y el uso desproporcionado de la fuerza pública: Allanamiento de domicilios y la iglesia de la comunidad, múltiples cartuchos de gases lacrimógenos fueron disparados con dirección a predios de particulares y a la plaza pública, golpes e insultos propinados por agentes del estado a pobladores de la comunidad, obstaculización del trabajo de activistas de derechos humanos y periodistas que cubrían los hechos de violencia e, inclusive, el robo de dispositivos que grababan los sucesos por parte de la policía.

Todo lo anterior arrojó un saldo de múltiples personas heridas, así como 5 pobladores detenidos que fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía, entre los cuales se encontraba un menor de edad.

Sin duda la anterior situación despierta una profunda indignación entre la ciudadanía por el abuso de autoridad imperante en la actuación de los agentes de seguridad.

Es por demás condenable que un estado que se precia de ser seguro atente contra las libertades más básicas de quienes lo integran en claro detrimento del ejercicio de sus derechos humanos.

Una sociedad justa y democrática debe tener como base el ejercicio de derechos fundamentales y el respeto irrestricto a la dignidad humana, elementos ausentes en la actuación de agentes de la SSP.

"Yucatán es un estado muy seguro.

7 de cada 10 yucatecos así lo perciben…".

Las anteriores fueron palabras del Gobernador Rolando Zapata Bello que han sido replicadas en numerosos portales informativos desde su publicación en medios de comunicación oficiales.

¿Se mantiene vigente el discurso oficial cuando servidores públicos en ejercicio de su encargo abusan de su poder en perjuicio de la ciudadanía?, ¿Qué tan congruente es repetir frases a modo cuando no se puede garantizar la seguridad de todas y todos los yucatecos?, ¿Qué pensar de un gobierno que ataca a extractos de la población considerados vulnerables como son las comunidades indígenas, menores de edad, adultos mayores, periodistas y defensores de los derechos humanos?, ¿Cuántos casos más como los acontecidos en Chablekal suceden en Yucatán y desconocemos? Hacer un llamado de atención al Gobernador del Estado, el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Pública con el fin de darles certeza jurídica a los detenidos, iniciar investigaciones administrativas y penales contra los encargados de la operación, al igual que de los agentes de seguridad del estado y fincar responsabilidades del resultado de las mismas, son hoy exigencias legítimas y necesarias que pedimos quienes hoy nos sentimos gravemente alertados por el clima de violencia suscitado en éste y demás casos.

Nada justifica la violencia.

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