Son incongruentes.

Son subordinados del Poder Ejecutivo.

Son cómplices.

En tribuna se pronuncian a favor del Estado de Derecho y el orden, pero desde su cómodo escaño votan en contra de iniciativas y puntos de acuerdo que garantizan el mismo.

Son los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, y su eterno satélite el Verde Ecologista.

Mayoritean a conveniencia y frenan con su voto temas que la ciudadanía exige sean discutidos en el Congreso Local, por tanto se cierra el paso a la conciencia popular.

El conocimiento que tiene la sociedad de las posturas de los diversos partidos políticos que integran la actual legislatura es escaso, y en el peor de los panoramas nulo.

Esta misma suerte se repitió en la sesión del pasado 16 de mayo, en el marco del inicio del trabajo legislativo correspondiente al Tercer Período Ordinario de Sesiones del Congreso del Estado cuando, en nombre de la bancada del PAN, el Diputado Elías Lixa solicitó un informe detallado sobre la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en los hechos violentos sucedidos en la comisaría de Chablekal el 3 de mayo pasado.

Acto seguido se prosiguió a la votación mediante la cual se proponía aprobar el punto de acuerdo para su discusión y análisis, el cual no prosperó debido al voto en contra de los priístas y el diputado del partido verde.

Resulta sumamente lamentable esta postura y peor aún el anecdótico posicionamiento emitido por los tricolores en voz de la Diputada Celia Rivas Rodríguez, coordinadora de su fracción parlamentaria, quien declaró: “Los diputados del PRI estamos a favor precisamente de que se de un informe pormenorizado de lo sucedido, por supuesto que si…”; “… por supuesto que estamos a favor de que haya un informe claro; estamos, por supuesto, a favor de la paz y la concordia en el Estado de Yucatán” Con las anteriores declaraciones es posible constatar el doble discurso y, más allá de eso, la irresponsabilidad política al adscribirse a posturas que buscan darle certeza jurídica a la población pero que en la práctica, lejos de impulsarlas son limitadas por la consigna oficial: Invisibilizar todo aquello que ponga en tela de juicio la actuación del PRI-Gobierno.

Así nos encontramos actualmente en este y demás temas, ante la inercia política de quienes no han comprendido que la autonomía del poder legislativo reside en ser el contrapeso necesario de los demás poderes existentes.

Quienes confunden el marco de legalidad con el uso desproporcionado de la fuerza pública.

Quienes emiten declaraciones y aprueban leyes a favor de los derechos humanos pero no garantizan las exigencias mínimas para quienes trabajan y por los cuales se encuentran ahí.

La votación del pasado lunes pasará a la historia como una muestra más del desprecio a las exigencias de la ciudadanía.

Por eso no nos queda más que recordar la declaración del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, otro tristemente célebre priísta, y equiparla con el proceder actual de la bancada priísta: “Ni los veo, ni los oigo”.

Ni ven los problemas, ni oyen el clamor popular.

Ni ven las omisiones a derechos humanos, ni oyen las recomendaciones de los órganos garantes.

Solo ven la oportunidad para obedecer y oyen la consigna del Gobernador.

.