Los cambios producto de la modernidad también son la excusa perfecta para que afloren los retrógradas.

El día de ayer leyendo las notas de la prensa y mi feed de redes sociales pude percatarme de un episodio de violencia acontecido en la ciudad de Mérida: un conductor de la conocida Empresa de Redes de Transporte Uber acudió a realizar su labor diaria ante la solicitud de un usuario que pidió el servicio por el rumbo del sur de la capital del Estado; durante el transcurso del servicio los pasajeros, presuntamente conductores del Frente Único de Trabajadores del Volante, le propinaron severos golpes en su rostro y cuerpo para a continuación proceder a prender en llamas el automóvil del señor que, en cumplimiento de su deber, vio mermada su seguridad, tranquilidad y dignidad humana.

Creo importante recapitular tal noticia pues el hecho en sí mismo arroja un panorama de terror, digno de las peores represiones contra particulares acontecidas en siglos pasados.

¿Y por qué la noticia cobra relevancia y debiera generar en todos un enérgico llamado de repudio y rechazo?, fuera de tratarse de un delito grave previsto en nuestro Código Penal, de alterar la paz pública y poner en el ojo del huracán a Yucatán como un estado inseguro preocupa en gran medida el contexto en el cual se da la agresión: ante la resistencia de un grupo de poder ligado al Gobierno del Estado y al partido al cual pertenece el Gobernador con plena complacencia del mismo.

Recordemos que desde la entrada de empresas de plataforma tecnológica que ofrecen servicios de transporte en su modalidad de taxi, el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) expresó su completo rechazo argumentando competencia desleal, operación fuera de la ley y deterioro a los derechos laborales de sus agremiados.

Tales aseveraciones han llegado a un punto álgido donde el mismo Secretario General de dicha agrupación ha declarado una advertencia que podemos considerar amenaza directa contra los conductores de estas novedosas plataformas para dar marcha atrás a su operación dentro del estado, cueste lo que cueste.

Por desolador y triste que pareciera el panorama debemos sumarle algo peor: es el segundo episodio de violencia, plenamente documentado, donde trabajadores del otrora monopolio del transporte en nuestro estado, realizan contra operadores de esta aplicación móvil, pues no hay que olvidar las acontecidas en las inmediaciones del Aeropuerto de la ciudad de Mérida en mayo pasado.

Por eso la reacción del Gobierno del Estado la asumo con escepticismo y como una clara burla al sentido común: Declarar que, ahora sí, castigarán a los culpables de tan lamentables hechos y reiterar el discurso oficial que posiciona a Yucatán como el estado más seguro de la república es repetir el mismo comunicado de prensa que en meses pasados, sin acciones materiales que lo sustenten.

En medio de toda esta polémica quedamos nosotros, los usuarios, tema que para nada es menos importante y el cual nos es reconocido en las normas jurídicas que rigen a todo el país: Nuestro derecho a consumir y exigir servicios de calidad y el Estado garante del mismo.

En Yucatán vivimos una anacronía de formas y medios para manifestarse sin que hasta el momento el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad para evitar que ciudadanos se hagan justicia por su propia mano y sean penados en caso de hacerlo y ponerle un alto a la acciones delictivas de esta agrupación y las concernientes penalizaciones administrativas para la misma.

Por ello no queda menos que eregir nuestro enojo en dos consignas importantes: La primera: Justicia a los lesionados por los hechos de violencia de mayo pasado y los acontecidos el pasado 22 de septiembre, abrir una investigación exhaustiva para el castigo a los infractores, respeto irrestricto a los derechos fundamentales y laborales de los conductores y asumir la responsabilidad institucional que hasta el momento se han negado a reconocer las autoridades del Ejecutivo Estatal, garantizar seguridad para todas y todos.

La segunda: Respeto a nuestros derechos como consumidores, apertura a las bondades producto de la tecnología y modernidad, adaptación a nuevos esquemas de consumo y, lo principal, cese del solapamiento a grupos que solo lesionan lo anterior con su actuación tan controvertida y merman en la percepción pública que se tiene del Estado.

De no ser así lo mejor sería un comunicado de prensa que exprese la verdadera realidad del Gobierno del Estado: Mejor digan que le temen a la modernidad, que son incapaces de hacerle frente a los retos actuales y la opinión pública no es en lo absoluto relevante.

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